Para evitar un juicio por contrabando simulado, Valentina Olguín solicitaría una probation

La cantante santiagueña ayer se mostró despreocupada en sus redes sociales tras haber sido acusada de utilizar el CUIT fiscal de al menos cinco gobernadores para realizar compras en el exterior.

La  Justicia Federal de Tucumán  notificó a su par de  Buenos Aires  sobre el expediente que involucra a la influencer santiagueña  Valentina Olguín , imputada por el presunto delito de contrabando simulado. La causa se originó en 2022, a partir de una operatoria de importación de indumentaria desde  Estados Unidos  que, según la investigación preliminar, se habría realizado utilizando distintos domicilios fiscales, entre ellos, los pertenecientes a cinco gobernadores provinciales.

La maniobra, que comenzó con el uso del propio domicilio fiscal de la imputada, se habría extendido primero a direcciones de familiares y, posteriormente, a datos obtenidos mediante buscadores en línea, incluyendo domicilios vinculados a  Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) . Estos hechos, cuya veracidad debe ser dilucidada en el proceso judicial, revisten particular gravedad institucional, aunque por el momento solo se ha formalizado una  imputación  en la  provincia de Tucumán .

Fuentes cercanas al expediente confirman que la figura penal atribuida es la de contrabando simulado, prevista en el  Código Aduanero , con penas que oscilan entre los dos y los ocho años de prisión. No obstante, la defensa de Olguín , encabezada por la abogada Claudia Paz , proyecta solicitar la aplicación de una suspensión del juicio a prueba , o libertad condicional , mecanismo previsto por el ordenamiento penal que, de ser admitido, permitiría a la imputada evitar una condena mediante el cumplimiento de condiciones específicas durante un plazo determinado. El ofrecimiento sería formalizado en las próximas horas, en un intento por cerrar el proceso sin llegar a una condena, aunque su aceptación dependerá de la evaluación del fiscal y del juez federal.    .

El domicilio fiscal constituido es un dato obligatorio que todo contribuyente debe declarar ante los organismos tributarios y que tiene valor legal en notificaciones, declaraciones juradas y actuaciones administrativas. El uso indebido de esa información, incluso cuando se trata de funcionarios públicos, no implica per se un delito por parte del titular del domicilio, pero sí podría agravar la situación de quien lo haya empleado de forma fraudulenta para sortear controles aduaneros.